El ex Vicariato de Chiquitos -ahora Diócesis de San Ignacio de Velasco- a partir de 1990, fundó en la Provincia Velasco once pueblos con gente venida del departamento de Potosí y de Chuquisaca. Se los conoce como las colonias San Martín, Guadalupe, San Francisco, Santa María, Villa Santa Rosa, Villa Santa Ana, Los Angeles, Asunta, Buena Vista y Estrella. (esta última una comunidad chiquitana con ochenta familias y once mil hectáreas de tierras). Están ubicadas al norte de Santa Rosa de Roca.

En dichas colonias, la Iglesia intentó una integración entre chapacos, chuquisaqueños, potosinos y chiquitanos; sin embargo esta tarea no fue fácil por el idioma y las costumbres diferentes. Los recién llegados tenían otro concepto de la tierra: son partidarios de la propiedad privada, mientras que los originarios defienden la propiedad comunitaria. Hay que tomar en cuenta que los indígenas chiquitanos sobrevivieron en el tiempo gracias a la tierra comunitaria, considerada como una opción de vida en comunidad. Todos son dueños de la tierra y se benefician por igual. Hay una tradición y una costumbre ancestral detrás. El trabajador puede hacer su chaco donde mejor le plazca y donde vea mejor el terreno. Si un comunario tiene algún problema, la comunidad sale en su auxilio, no sólo en materia de tierra. La propiedad comunitaria quedará respaldada con un título también comunitario, que garantiza que todos los miembros tienen el mismo derecho.

El Vicariato cedió entonces a las ocho comunidades 55 mil hectáreas de tierras, en las que ahora viven unas 2.700 personas. Al principio, se organizó a los colonos en comunidades para evitar el minifundio y la venta; posteriormente se ha dado la tramitación de títulos comunitarios con parcelas asignadas y con dueño.

Se ayudó al colono con la construcción de su vivienda, además de proporcionarle los servicios elementales de: salud, educación, infraestructura caminera, apertura de brechas, construcción de atajados, perforación de pozos artesianos, y distribución de agua, construcción de galpones para almacenamientos de granos. Además se les dio apoyo para la producción agropecuaria: en la parte agrícola con los cultivos tradicionales de la zona y en la ganadería con hatos de doble propósito (leche y carne). Posteriormente el municipio de San Ignacio, en base a la Ley de Participación Popular, complementó y lo viene haciendo en la mejora de dichos servicios.

Con el paso de los años existen resultados como el de comunidades que recibieron sesenta cabezas de ganado y hoy tienen seiscientas y además una variedad de cultivos. Bajo éste modelo se considera que las personas han pasado a trabajar con mucho más confianza su tierra y la planifican para cultivarla. Si una familia tiene cien hectáreas, desmonta la mitad para producción agrícola y conserva el resto del bosque como reserva familiar.